En marzo de 2007 se creó La Red Federal de Sitios de Memoria, por Resolución SDH Nº 014 del 22 de marzo de 2007, constituyendo una instancia de articulación del trabajo y de intercambio de experiencias, metodologías y recursos entre las áreas gubernamentales de derechos humanos que, a nivel provincial, municipal, tomando a su cargo el desarrollo de políticas públicas de memoria.
Desde la Red Federal se coordina a nivel nacional la identificación y señalización de los predios donde funcionaron centros clandestinos de detención y la creación y gestión de “sitios de memoria” del terrorismo de Estado en estos y otros espacios.
Se buscó acordar criterios generales y metodologías de trabajo comunes para optimizar y facilitar las tareas de recopilación de datos, su entrecruzamiento e intercambio y su procesamiento, teniendo en cuenta las singularidades de las distintas experiencias de señalización y recuperación de espacios para la transmisión de la memoria en las distintas jurisdicciones. La idea fundamental estaba basada en la búsqueda de promover el debate social sobre las características y consecuencias pasadas y actuales que tuvo el genocidio en la Argentina, con especial énfasis en el aspecto local.
Las iniciativas de señalización, la creación y gestión de “sitios de memoria”, son también fundamentales para el acompañamiento de los procesos judiciales que se llevan adelante contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. Así, el trabajo de reflexión y transmisión de la memoria, se articula con la persecución de justicia, el acompañamiento a los testigos y querellantes y la búsqueda de la verdad, en el marco de una política de Estado que reivindica los principios históricos del movimiento de derechos humanos en la Argentina. Estos lugares de memoria son un aporte altamente importante para estos juicios. Otorgan a testimonios y pruebas materiales un carácter de verdad jurídica, elevando el valor incuestionable de las denuncias realizadas en diversos ámbitos nacionales e internacionales. Redimensionar el trabajo de investigación de los juicios y de los sitios de memoria está íntimamente vinculado con una política integral que busca colocar a los derechos humanos en todas sus dimensiones en el centro de la escena.
En octubre de 2006, se realizó un Encuentro Nacional en San Miguel de Tucumán, en el que se suscribió un documento donde se acordaron los primeros lineamientos para el trabajo conjunto, constituyéndose de esta manera el antecedente de creación de la Red Federal de Sitios de Memoria.
Recuperar los sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la vigencia del terrorismo de Estado (1975 – 1983) implica investigaciones para el esclarecimiento del accionar represivo, devolver la identidad a los desaparecidos recuperando sus historias de vida; y en pos de la consecución de justicia.
En la constitución de los sitios de memoria, es central la articulación con organismos de derechos humanos, querellantes de las causas, familiares y sobrevivientes para los juicios y las condenas a los responsables. Remarcando la importancia de no olvidar que el terrorismo de Estado tuvo como principal objetivo la implantación de una política económica y de exclusión social. Por tanto, el sostenimiento de Memoria, Verdad y Justiciaimpulsa a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Sitio de Memoria Arsenal Miguel de Azcuénaga:
En el terreno perteneciente a la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga” del Ejército Argentino, ubicado en las afueras de San Miguel de Tucumán, sobre ruta nacional Nº 9 km 1300, en Las Talitas, Departamento Tafí Viejo, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978.
Investigaciones judiciales determinaron que el mismo dispositivo represivo montado en el centro clandestino de detención (CCD) La Escuelita de Famaillá, fue trasladado desde el sur de la provincia hasta la capital. Primero se instaló en la Escuela de Educación Física (EUDEF) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), donde funcionó un centro clandestino de detención durante el primer cuatrimestre de 1976 y luego se trasladó junto a sus detenidos a un lugar conocido como El Reformatorio, en el edificio de un hogar para niños huérfanos. Finalmente, a mediados de 1976, se inauguró el centro clandestino de detención Arsenales.
Este campo de concentración fue el de mayor envergadura del NOA. El lugar elegido para alojar a las personas secuestradas fue el Galpón N°9.
Se ingresaba al predio por el portón principal de la Compañía de Arsenales, hasta el segundo acceso, donde había instalado un puesto de guardia del personal de Gendarmería.
La construcción principal del campo tenía unos 55 metros de lado y estaba rodeada de una alambrada de púas de 2,50 metros de altura. Paralela a ésta, había instalada otra alambrada del mismo material y altura. Entre ambas estaban instalados guardias con perros. En uno de los ángulos del predio había una torre de vigilancia y en cada esquina estaban instaladas casas prefabricadas que eran utilizadas como lugar de torturas.
Este centro clandestino dependía de la V Brigada de Infantería del Ejército Argentino, y Gendarmería Nacional tuvo a su cargo la custodia de los detenidos, pero también participó de interrogatorios, torturas y ejecuciones.
La reconstrucción material en el interior del Galpón 9 estuvo a cargo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT); el trabajo de rastreo, prospección y excavación en todo el terreno, estuvo a cargo del Laboratorio de Investigaciones LIGIAAT, que depende de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En el año 2009, a 200 metros del Galpón N° 9, se encontraron cinco fosas comunes usadas para la inhumación de los cuerpos de las personas secuestradas. Asimismo, se hallaron proyectiles de armas de fuego y restos de ropa. Se supo que las víctimas eran asesinadas, en su mayoría, mediante disparos de armas de fuego y luego sus cadáveres se quemaban. La evidencia también arrojó que tres de las fosas habían sido removidas, luego de su uso, durante la dictadura. En una de estas fosas se lograron identificar cinco hechos de quema y en la restante se encontraron restos óseos de 13 personas, las cuales fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En agosto del 2008 Arsenales fue señalizado como Sitio de Memoria.
Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos La Escuelita de Famaillá:
La Escuelita de Famaillá es reconocida como el primer centro clandestino de detención y torturas del país por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas(CONADEP). Se la conoce como La Escuelita, porque a principios de las 70 es construida con el fin de que en sus instalaciones funcione la escuela primaria Diego de Rojas. Pero a principios de febrero de 1975, a partir del decretoN° 261, firmado por la presidenta Isabel Martínez de Perón, que ordenaba a las Fuerzas Armadas Argentinas aniquilar cualquier elemento subversivo instalado en el sur de la provincia de Tucumán, inicia lo que se conoce como Operativo Independencia. El 9 de febrero de ese año se asienta en Famaillá la base operativa del Ejército y La Escuelita se inaugura, no como escuela primaria, sino como centro clandestino de detención y torturas e inicia así el terrorismo de Estado en Argentina.
Unos pocos meses después del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, que da inicio a la dictadura, La Escuelita deja de funcionar como centro clandestino, ya que la base del Ejercito se traslada al ex ingenio de Nueva Baviera, ubicado también en Famaillá Se calcula, a través de la información obtenida mediante los juicios de lesa humanidad, que por este centro clandestino de detención pasaron entre 2000 y 2500 personas detenidas ilegalmente.
En 1977 el lugar comienza a funcionar como escuela primaria, la escuela Diego de Rojas y años más tarde como terciario.
Gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, entre el 2012 y el 2015 pasan una serie de hechos muy importantes en la búsqueda de Justicia, se señaliza a La Escuelita de Famaillá como sitio de Memoria, se traslada la institución educativa a un nuevo edificio y la reconoce como Lugar Histórico Nacional y Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. En el 2016 comienzan a formarse y a trabajar los diferentes equipos.
Actualmente el espacio cuenta con áreas educativa y de comunicación, el centro educativo especializado en Derechos Humanos Ana María Sosa, la Biblioteca Hilda Guerrero de Molina y Centro de Documentación y Archivo, que se formaliza bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán en el año 2025.
Sitio de Memoria Pozo de Vargas:
El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de Argentina, está ubicada en la ciudad tucumana de Tafí Viejo, cumplió esa función durante el terrorismo de Estado en Argentina. Los arqueólogos han podido recuperar 149 restos óseos del pozo, de los cuales 121 han sido identificados.
Historia:
El pozo fue construido por los ingleses fines del siglo XIX dentro de la finca privada que pertenecía a Antonio Vargas, ubicada en al sur del municipio de Tafí Viejo. Con tres metros de diámetro y 40 metros de profundidad, cumplía la función de abastecer de agua a las locomotoras a vapor que se utilizaban para transportar caña de azúcar.
En la década de 1950 con la transición de locomotoras a vapor a diésel en Argentina, el pozo dejó de funcionar como proveedor de agua y la construcción quedó fuera de uso.
En 1975, durante la implementación del Operativo Independencia y desde el inicio de la última dictadura cívico militar, el pozo es utilizado por las fuerzas represivas como lugar de inhumación clandestina, donde son arrojados los cuerpos de hombres y mujeres asesinados en distintos Centros Clandestinos de Detención, por ejemplo, de la Jefatura de Policía y de la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga.
En 2001 inició el relevamiento del lugar a partir de los testimonios de tres testigos que indicaron que este era utilizado para ocultar los cuerpos de las personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar.
El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y al comienzo de la investigación en este lugar.
En diciembre de 2015, el Pozo fue señalizado como lugar de enterramientos clandestinos que funcionó durante el terrorismo de Estado.
El 10 de febrero de 2023, el Juzgado Federal II a cargo de Fernando Poviña informó que los trabajos de excavación e investigación del Pozo de Vargas habían concluido, ya que se había terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba en su interior. Material que sigue siendo analizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) fue el encargado de la recuperación de los restos del Pozo de Vargas, mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lleva adelante las tareas de identificación.